El sector forestal vio cumplida la semana pasada una de sus reivindicaciones históricas: la separación de la estrategia pública de prevención y extinción de incendios de aquella destinada a planificar el monte. Y pronto verá satisfecha otra demanda dirigida a frenar el abandono y hacer más sostenible el rural: que aquellos dueños de terrenos forestales objeto de limitaciones legales puedan ser compensados económicamente. Una medida que podría afectar a los propietarios que no puedan plantar determinadas especies, como el eucalipto, o cuyas parcelas puedan estar en zonas protegidas y que, por esas razones, sufran una pérdida de rendimiento.

Esta es una de las cuestiones que se incluirá como principio general en el Plan Forestal, un documento que la Xunta aprobará en el arranque del 2019, pero que Medio Rural quiere llevar antes al Parlamento gallego. De momento, se desconoce cómo se articularán esas ayudas, ni sus potenciales beneficiarios, algo que tendrá que definir la Administración gallega a partir del 2019 y que anticipa un arduo e intenso trabajo entre la Xunta y el sector. Se trata de compensar los montes económicamente menos rentables, bien a través de fondos de desarrollo rural o de la PAC, y frenar así su abandono. Aproximadamente, el 70 % del monte está sujeto a limitaciones legales.