El monte gallego necesita atraer inversión privada, pero el actual marco regulatorio vigente en España no lo favorece. Este es un diagnóstico unánime en el conjunto de la cadena de valor de la madera: desde los propietarios hasta las industrias de transformación. La competencia normativa está en manos del Estado, y ninguna comunidad autónoma tiene en marcha incentivos fiscales. Una realidad que contrasta, por ejemplo, con la experiencia de otros países. Nueva Zelanda tiene desde los años sesenta importantes bonificaciones fiscales por la inversión en el monte, deducciones que afectan tanto al tributo que grava la renta de las personas físicas como al de sociedades. En Finlandia hay centros de propietarios forestales privados financiados por el Estado para ordenar el monte.

Dos ejemplos, ambos, donde los Gobiernos, en una estrategia a largo plazo, tienen clara la obtención de un resultado: al final, pese a las rebajas, se termina recaudando más para las arcas públicas porque se favorece la actividad económica. En estos momentos, en España hay conversaciones abiertas entre los ministerios de Agricultura y Hacienda para estudiar algún tipo de incentivo fiscal, pero no hay nada cerrado todavía. «Tal vez en este país debiéramos plantearnos que la inversión en ahorrar en madera, por ejemplo, sea tratada fiscalmente igual que la inversión en ahorrar en activos financieros; al final, tenemos una cruel paradoja, la gente ahorra en fondos y abandona el rural, es decir, un monte que es suyo», explica Juan Picos, ingeniero forestal y profesor universitario.